ESTABILIDAD IMPRESCINDIBLE

Los uruguayos atravesamos momentos de incertidumbre y de desconcierto crecientes que crean un estado de espíritu sumamente perjudicial para el normal desarrollo del País, el continuo afianzamiento de sus instituciones y la correcta comprensión y solución de los problemas que nos aquejan.

A la escalada de la inseguridad individual y familiar, de la que nos dan cuenta insistentemente la crónica policial y que todos la sentimos en nuestro diario vivir; a la angustiante incógnita que pesa sobre nuestro futuro colectivo, en un mundo que globaliza lo material y peculiar al paso que particulariza y relativiza los principios universales y las tradiciones comunes, que son los pilares que dan estabilidad, seguridad y firmeza a las naciones y a los individuos, se suma una serie de otros factores, algunos reales y otros artificiales, que confabulan contra nuestra normal integridad y estabilidad psicológica.

El país, tal vez por eso mismo, en las últimas elecciones, pese a la inmensa torsión a que fue sometido, en un acto de cordura que sorprendió a los observadores, optó por la estabilidad. No quiso agregar a los variados factores de inquietud, desconcierto y inseguridad ya existentes, el de una innovación política drástica. Su instinto de conservación lo llevó a evitar una aventura de izquierda fatal.

Sin embargo el nuevo gobierno, contrariando este deseo generalizado, desencadenó un proceso que inquieta y perturba la conciencia nacional. Esto sorprende porque no es lo que sus electores esperaban.

De modo sensacional y estrepitoso se precipitó sobre el sensible y explosivo problema de los desaparecidos. Un tema de molde a reabrir heridas, encender las pasiones y alimentar desconfianzas, y que por eso mismo debería ser abordado con mayor equilibrio, discreción y cautela.

Como era de esperar, en un contexto internacional ya exacerbado por la izquierda al respecto de la responsabilidad de los regímenes anticomunistas en la violación de los "derechos humanos", cuyo episodio más destacado fue la prisión del General Pinochet en Inglaterra, la iniciativa presidencial rápidamente sobrepasó el tema de los desaparecidos uruguayos.

Y se transformó de hecho en un verdadero enjuiciamiento a las Fuerzas Armadas y Policiales en primer lugar y por detrás al anticomunismo. Se va transformando en una proscripción al derecho de defensa de la sociedad ante la amenaza subversiva del terrorismo y la violencia de izquierda. Y apunta transformarse en impunidad indiscriminada para los crímenes del socialo-comunismo.

Planteado del modo que se lo hace, el problema de los desaparecidos, quiérase o no, está imprudentemente llevando al banquillo público de los acusados, sin garantías ni posibilidad de defensa, al anticomunismo.

Es el vital principio de la legítima defensa del Estado frente a la agresión de las fuerzas mancomunadas del caos lo que está siendo desprestigiado y puesto en tela de juicio. Todo ello articulado por los demoledores de la sociedad, por los capitanes de campos de concentración y ejecutores de la “justicia popular”.

En particular esta furia iconoclasta se vuelve contra los organismos del Estado encargados constitucionalmente de su defensa y de la prevención.

No sin razón un comentarista chileno se preguntaba si se atreverá el Presidente Pastrana a defender seriamente Colombia de la agresión terrorista de las FARCS, y el Primer Ministro Aznar a salvar España de la ETA, sabiendo que mañana le esperan procesos como los que le siguen a Pinochet.

Al mismo tiempo que se desencadena esta persecución, se está haciendo de todo para cubrir de impunidad a los autores materiales e intelectuales de atentados incomparablemente mayores cometidos por comunistas y terroristas de izquierda. Citemos de paso las millones de víctimas de siete décadas de este siglo cuyo exterminio compila el Libro Negro del Comunismo. Para ellas, por desaparecidas que sean, nadie pide reparación, investigación o justicia.

Y sus verdugos no tienen porqué temer que ningún juez Garzón los pretenda extraditar. Ni los que actualmente se ensañan en China, en Cuba, en Corea del Norte, tienen tampoco nada que temer.

Mencionemos también los crímenes atroces que a diario se cometen en Colombia y que amenazan expandirse por el Continente. Como son crímenes perpetrados por la izquierda comunista, gozan de total impunidad. Y a sus autores se los trata como idealistas.

Al terrorismo de las FARCS y del ELN, no sólo no se le enjuicia ni recrimina, sino que se le da un territorio en que pueden aplicar su inicua ley, levantar campos de concentración, como acaba de denunciar el arzobispo de Bogotá, y desde donde preparan a salvo el asalto contra el resto del País y del Continente.

La solución del problema de los desaparecidos requiere algo más que buenas intenciones. Es necesario evitar que nos transformen en “inocentes útiles” al servicio del comunismo, como fueron Kerensky en Rusia y Frei en Chile: el comunismo los cabalgó. Requiere condiciones y medidas propias a evitar que el asunto se desnaturalice al punto de servir de pretexto para otros objetivos.

Mal negocio será desarmar a la sociedad y al Estado de su brazo defensor, condenando el anticomunismo, desprestigiando a sus FFAA y estimulando el terrorismo, como está siendo hecho, en aras de una frustrante búsqueda de desaparecidos en un clima que obstaculiza ese hallazgo.

La solución de los innumerables problemas que enfrentamos en esta coyuntura histórica, entre los cuales se encuentra la situación extremadamente crítica en que se debate el campo uruguayo, donde se encuentra la mitad del país, exige un clima de unión y de colaboración que en nada favorece esta guerrilla psicológica a propósito de los desaparecidos.-(Del Boletín N° 1 de Tradición y Acción)